En primera persona

• Personas con una discapacidad (psicosocial, intelectual, cognitiva —incluida la demencia—), y personas que son o han sido usuarias de servicios sociales y de salud mental.

Proveedores de servicios

• Gestores, de salud mental y de servicios sociales, profesionales de la salud mental y otras especialidades del campo de la medicina (facultativos/as y enfermería), geriatría, psicología, terapia ocupacional, trabajo social, trabajo de apoyo comunitario, asistencia personal, apoyo entre iguales y voluntariado.
• Personas que trabajan en el ámbito de los servicios sociales y de la salud mental o que prestan servicios.
• Organizaciones no gubernamentales (ONG), asociaciones de familiares y personas usuarias de los servicios de salud y sociales u otras organizaciones que trabajan en el ámbito de la salud mental, de los derechos humanos o en otros campos vinculados.
• Personas de apoyo y otros cuidadores.

Políticas públicas

• Los ministerios pertinentes (salud, derechos sociales, educación, justicia, etc.) y los responsables de las políticas.
• Instituciones y servicios gubernamentales (policía, poder judicial, personal de prisiones, organismos supervisores centros de internamiento, comisiones de reforma legislativa, consejos de personas con discapacidad e instituciones nacionales de derechos humanos).
• Otras organizaciones y partes interesadas (defensores de los derechos en salud mental, abogados y organizaciones de asistencia jurídica, académicos, estudiantes universitarios, líderes comunitarios).